Gracias a la insistencia de Julia Reda, parlamentaria europea y representante del Partido Pirata, ha salido a la luz un informe encargado por la Unión Europea en el 2014 a una empresa danesa sobre la influencia que tienen las descargas piratas en las ventas legales, un informe muy completo y documentado que ha costado 369 000 euros y que estaba en un cajón desde el 2015.
Lo curioso es que los resultados del informe son verdaderamente sorprendentes. Después de realizar más de 30 000 encuestas en Alemania, Francia, Polonia, España, Suecia y Reino Unido, y de analizar esos seis mercados en detalle, el informe concluye que no hay evidencias de que las descargas ilegales desplacen el número de ventas de los mismos productos, con la excepción de los estrenos de cine. En ese caso, hay un desplazamiento de ventas del 40 %, es decir, que se vean ilegalmente diez películas de estreno hace que se vean 4 películas menos de modo legal. La justificación según el informe es el elevado precio de las entradas. Sin embargo en otros bienes, como libros o música, en los que el precio es el que espera el usuario, no hay desplazamiento.
Lo curioso es que los resultados del informe son verdaderamente sorprendentes. Después de realizar más de 30 000 encuestas en Alemania, Francia, Polonia, España, Suecia y Reino Unido, y de analizar esos seis mercados en detalle, el informe concluye que no hay evidencias de que las descargas ilegales desplacen el número de ventas de los mismos productos, con la excepción de los estrenos de cine. En ese caso, hay un desplazamiento de ventas del 40 %, es decir, que se vean ilegalmente diez películas de estreno hace que se vean 4 películas menos de modo legal. La justificación según el informe es el elevado precio de las entradas. Sin embargo en otros bienes, como libros o música, en los que el precio es el que espera el usuario, no hay desplazamiento.
Incuso, el estudio encuentra que la piratería tiene un efecto positivo en un
sector concreto: los videojuegos. La explicación que ofrecen es que la
industria del videojuego ha encontrado formas más efectivas de lograr
que las personas que comienzan pirateando el juego acaben interesadas en
pagar contenidos o servicios relacionados con él.
Por supuesto, la conclusión no es que todo debe ser gratis en Internet, sino que las tarifas planas tienen mucho sentido y que en general, la economía digital sigue nuevas reglas que contradicen nuestro sentido común, educado en años de comercio analógico, y no es nada fácil hacerse una idea de cómo funciona la economía en la red.
No es fácil interiorizar la economía de la cola larga (long-tail echonomy) que hace que se pueda jugar con márgenes de beneficio pequeños porque la enorme audiencia con la que se puede contactar produce suficiente retorno económico. O la economía de la gratuidad aparente, en la que la mayoría de los bienes y servicios más utilizados en la red son gratuitos y el negocio está en otra parte, casi oculto.
Desde luego, parece que ya los productores de datos geográficos no podemos seguir vendiendo datos. Eso ya no es negocio e intentarlo es la mejor manera de promocionar fuentes de datos como OpenStreetMap o Google Maps y quedarnos fuera de juego.
Uno de los retos de los GeoInstitutos tienen por delante es ese: encontrar un modelo de negocio viable o convencer al gobierno correspondiente de que es buena idea asumir el presupuesto necesario. Una posibilidad es obtener retorno económico de servicios prestados en relación con los datos que se producen: actualizaciones como sólo cambios, garantía y corrección rápida de errores, asesoría y trabajos a la medida... Otra posibilidad, conseguir que todos los organismos púbicos que necesitan de un conjunto de datos para ejercer sus funciones participen en su financiación.
Hay más opciones y hay que considerarlas todas, porque parece obvio que en una época en la que la cartografía se ha hecho popular e ubicua, los productores de datos geográficos oficiales deben encontrar su sitio.
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